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martes, enero 15, 2013

'Por salvarse, Pastrana y Uribe le hacen daño al país': Canciller

Holguín dijo también que, por primera vez, gobierno Santos podrá 'influir' en proceso con Nicaragua.
La canciller María Ángela Holguín puso los puntos sobre las íes en el papel que los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe jugaron en el litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de La Haya, y los acusó de hacerle “daño al país” para tratar de “justificar su gestión”.
En diálogo con EL TIEMPO, también anunció la nueva estrategia para defender los derechos del país en el mar Caribe.
¿Qué ha hecho Colombia después del fallo de La Haya?
Hemos trabajado en varios frentes. El primero fue estudiar a fondo el fallo con un grupo de abogados nacionales e internacionales, para entender los alcances de esa sentencia y ver las inconsistencias y los vacíos que tiene. Por otro lado, tuvimos una reunión con el presidente de Nicaragua (Daniel Ortega) a fin de abrir un diálogo y una puerta que eviten cualquier confrontación y establecer un canal de comunicación. También implementamos el Plan San Andrés, para darle un empuje a la isla.
Trabajan en dos campos, uno jurídico y otro social…
Sí. Estudiamos los recursos que la misma Corte le da a un país para poder aclarar o interpretar el fallo, y por otro ayudándole a San Andrés a pasar por este momento complejo y difícil.
¿Hay motivos para recurrir de nuevo a La Haya?
Es lo que los abogados están estudiando. El abogado Robert Volterra (de la firma de juristas extranjeros que contrató el Gobierno), con quien me reuní esta semana (en París), ha dicho que necesita unos meses para acabar de mirar qué tipo de recursos podría interponer. En lo que hay claridad es que la Corte tuvo muchos vacíos.
¿Cuáles?
Uno importante es el de los tratados con terceros países. Un fallo no debe afectar ninguno de esos tratados, pero uno siente que el fallo se sobrepone sobre ellos. Y otro es negarles las 200 millas a San Andrés y a Providencia, en el sur y en el norte.
¿Qué afectó el fallo: la soberanía, una frontera, un derecho económico?
Lo que la Corte le da a Nicaragua en ese fallo son los derechos económicos sobre aguas internacionales. En aguas no se ejerce soberanía, o sea que son derechos económicos que básicamente son la pesca, la exploración petrolera o gasífera de la zona.
¿Colombia sí puede recuperar esos derechos económicos?
Los recursos que da la Corte podrían llevar a eso.
¿Se ha avanzado en algún acuerdo con Nicaragua?
Se dijo que íbamos a mirar en el futuro tres temas fundamentales: pesca, seguridad y medio ambiente. Se dijo que los dos países trabajarían conjuntamente en ellos, lo que haremos más adelante. Pero hoy hay una comunicación fluida, las armadas están en contacto permanente y los canales de comunicación están abiertos.
Hay una discusión sobre la responsabilidad de este gobierno en el fallo. ¿La tiene?
Absolutamente ninguna. El proceso empezó en el año 2001 y es clarísimo que el último momento en que el Gobierno podía argumentar era en mayo del 2010. El presidente Santos llegó en agosto del 2010.
¿Qué piensa de las críticas de los expresidentes Pastrana y Uribe?
Ellos tuvieron, en su momento, la posibilidad de tomar decisiones. Pero ahora resuelven, no sé si por salvar su papel en este proceso, que la culpa la tiene este gobierno. El expresidente Uribe dice que la culpa es porque no se hizo lobby ante La Haya, pero sugerir lobby es irrespetar a los jueces de la Corte Internacional. El expresidente Pastrana reconoce que en 2001 su canciller (Guillermo Fernández de Soto) le sugirió que se retirara del Pacto de Bogotá, pero dice que lo consultó con los expresidentes y que por esa consulta no lo hizo. Esa aceptación sorprende, porque el Presidente es quien maneja la política exterior y toma las decisiones. Quieren tratar de justificar su gestión. Por salvarse, le están haciendo daño al país.
¿Quieren hacer política con ese fallo adverso?
No le sabría contestar, pero hay que tener responsabilidad frente a las cosas que se dicen. Si es por el tema político, es un daño enorme que se la hace al país enfrentando a los colombianos y desviando la atención de los momentos claves, que fueron entre el año 2001 y el 2010.
Cabría un recurso de interpretación
¿Es factible encontrar una prueba nueva?
Lo veo muy difícil.
¿Qué tan optimista es en recuperar los derechos?
Soy optimista frente a un recurso de interpretación, por todo lo que he conversado con varios abogados.
Colombia siempre estuvo a la defensiva, ¿puede pasar a la ofensiva?
Lo que estamos haciendo es decir que no nos contentamos con este fallo y que nos convencemos de que no hay nada que hacer, como dicen expresidentes. Miramos posibilidades para ir más allá de lo que Colombia siempre ha hecho, que es simplemente responderle a Nicaragua.
¿Se replantea la estrategia?
Eso estamos haciendo. El abogado Volterra decía algo que es claro: el Gobierno del presidente Santos, por primera vez, va a poder influir en la estrategia del caso en La Haya.
Se trabaja en dos frentes ante Nicaragua
Colombia protocolizó esta semana las bases de la nueva estrategia para la defensa de los derechos del país en el mar Caribe, a propósito del litigio con Nicaragua. Por un lado, dejó en manos de un nuevo grupo de juristas internacionales el alegato de los recursos pendientes ante Corte Internacional de Justicia de La Haya; por el otro, avanza en la construcción de “más opciones” de entendimiento bilateral con ese país.
Los abogados de la firma inglesa Volterra Fietta, el pool externo de juristas que contrató el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, presentará en cuatro meses un informe sobre cuál es el camino que debe seguir Colombia, en materia jurídica, frente a La Haya.
Legalmente caben los recursos de revisión, si alguna de las partes encuentra una prueba nueva, o de interpretación para revisar aspectos puntuales del fallo.
A la par, en Colombia, un grupo de abogados nacionales –que también contrató el Ejecutivo tras el fallo adverso– trabaja en el diseño de nuevas estrategias jurídicas y políticas que garanticen los derechos de los pescadores, la seguridad del área y la conservación del medio ambiente.
El Gobierno ha sido claro en que el fallo no se desacatará y que solo se aplicará cuando se garanticen todos los derechos de Colombia en la zona.
DANIEL VALERO
Redacción Política