Nicaragua
Responde Protesta de Colombia por Mapa de Exploración Petrolera
Nicaragua afirmó que "no ha ofertado ni ha otorgado concesiones
en áreas" que la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya "determinó
que eran colombianas" el pasado 19 de noviembre y además acusó a Colombia
de hacerlo con áreas nicaragüenses.
En una carta dirigida a la canciller colombiana, María Ángela
Holguín, el ministro nicaragüense Samuel Santos respondió a una nota de
protesta de Colombia por la supuesta inclusión de la Reserva de la Biosfera Seaflower y
de territorios colombianos en un mapa en el que se ofrecen bloques de
exploración petrolera en este país centroamericano.
Santos negó esa acusación y señaló que si bien la página web
del Ministerio
nicaragüense de Energía y Minas no está "al día,
ninguna empresa petrolera informada" sobre el fallo de la CIJ, que
redefinió los límites marítimos entre ambos países, "estaría interesada en
solicitar concesiones en dicha zona".
"Y mal pudiera Nicaragua estar ofreciendo lo que de todos
es conocido que no es propio", indicó Santos en la carta.
Nicaragua alegó, además, que la publicación de esos mapas en la
web del Ministerio de Energía y Minas data del 22 de octubre de 2010 y su
última actualización es del 20 de octubre de 2012, "es decir, en fechas
anteriores" a la sentencia que la CIJ emitió en noviembre pasado.
"Es claro que los datos contenidos en esa publicación
simplemente no han sido puestos al día", anotó.
En la carta, el canciller
Santos sostuvo que Nicaragua siempre ha ofertado
concesiones en los espacios que según la historia, la geografía y el derecho
internacional, y "especialmente" la reciente sentencia de la CIJ,
"le pertenecen", entre las que mencionó cuatro en el Caribe y una en
el Pacífico.
Según el canciller nicaragüense, si se toma en cuenta el
cronograma publicado en el sitio web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
colombiana, es más bien Colombia la que ofrece bloques de exploración petrolera
en la Reserva de la Biosfera Seaflower y en territorio marítimo nicaragüense.
"Lo anterior confirma que Colombia estaba adjudicando
bloques de exploración en las áreas que eran objeto del diferendo marítimo, que
fueron reafirmadas como nicaragüenses y que se encuentran localizadas en el
área de la Biosfera Seaflower", denunció.
Para Nicaragua, por tanto, "resulta sorprendente" que
Colombia señale que varios de los bloques protestados están ubicados en el área
de la Reserva de la Biosfera Seaflower, agregó.
Desde el mismo momento en que la CIJ dictó el fallo, el Gobierno de Nicaragua afirmó
"que se respetará y mantendrá dicha área de reserva", apuntó el
canciller.
"Por esta razón, cuando la página web del Ministerio de
Energía y Minas de Nicaragua sea puesta al día, tendrá una adecuada indicación
del área cubierta por la Reserva", de la cual Nicaragua no ha tenido la
posibilidad de verificar su extensión porque la Armada colombiana impedía el
paso de los buques científicos nicaragüenses, aseguró.
Adelantó que Nicaragua está trabajando en poner su cartografía
al día y adecuar sus publicaciones que atañen al mar Caribe a lo
dispuesto en la sentencia de la CIJ.
También recordó a Colombia que sus mapas oficiales y demás
publicaciones oficiales a la fecha se mantienen sin adecuarse a lo dictado por
la CIJ e instó a sus autoridades a ponerse "al día".
Por tanto, Nicaragua rechazó "enfáticamente la protesta
presentada en la nota" por Colombia y lo acusó de continuar "en su
histórica actitud de tratar de impedir el ejercicio de soberanía en los
espacios marinos nicaragüenses en el mar Caribe".
Según Nicaragua, la posición de Colombia constituye "un
claro desacato" a la sentencia de la CIJ, por lo que invitó al Gobierno de
ese país a que "proceda al fiel cumplimiento" de ese fallo, a como lo
dispone la Carta de
la Organización de Naciones Unidas.
El 19 de noviembre pasado, la CIJ definió los límites en el
Caribe entre ambos países y dejó en manos de Colombia siete cayos del
archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta
nación en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que
Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano
en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
El Gobierno colombiano no acepta el fallo y encargó a la firma
británica Volterra Fiettapar que busque alternativas para recurrir a esa
sentencia de la Corte de La Haya.
Por:
EFE
