LO QUE COSTÓ DEFENDERNOS Y PERDER

Lo que costó defendernos y perder

Por: DANIEL SAMPER PIZANO | 6:55 p.m. | 22 de Diciembre del 2012

Daniel Samper Pizano

Casi 8.500 millones de pesos pagamos los contribuyentes al equipo de juristas que no pudo convencer a La Haya con sus argumentos.

Pasará 2012 a la historia de Colombia como el año del desplome de la confianza en nosotros mismos como miembros de la comunidad internacional. Tanto nos hablaron de la potencia moral que era Colombia, tanto nos recalcaron la tradición de respeto a las normas internacionales y tanto nos vanagloriamos de nuestras sólidas posiciones jurídicas, que nos deprimió la decisión en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó nuestro alegato y concedió a Nicaragua una amplia zona de mar que creíamos nuestra.

Ahora, para rematar el año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado colombiano por la matanza de habitantes en el caserío araucano de Santo Domingo, seis de ellos menores de edad, ocurrida en 1998. Lo peor es que la Corte repudió, por mentirosas, las explicaciones oficiales que acusaban a las Farc del crimen masivo y señaló que los campesinos fueron ametrallados con una bomba de racimo lanzada desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana contra la población civil.

El abogado Rafael Nieto Loaiza, hijo del profesor Rafael Nieto Navia, afirma ahora que dicho tribunal intentaba condenar a Colombia “dijéramos lo que dijéramos”. Es decir, que la Corte estaba dispuesta a prevaricar con tal de perjudicar a Colombia.

Además, denostó de la justicia colombiana para criticar el fallo. Algunos juristas que estuvieron vinculados al alegato de La Haya han dicho algo parecido: que fue una injusticia inexplicable y que la CIJ cometió graves errores.

Hacen mal los defensores de los intereses colombianos en transmitir a sus compatriotas la idea de que flota una especie de complot internacional contra el país. Esto desanima y emberraca al mismo tiempo. Desmaya la fe en la comunidad internacional, pone en tensión las antipatías nacionales con vecinos y jueces y predispone a la violación de acuerdos y pactos.

Pleitos y casos se ventilan a diario en juzgados, tribunales y altas cortes. Unos juristas ganan y otros pierden, pero estos últimos no deben tratar de salvarse envenenando a la ciudadanía. Primero examinemos con serenidad en qué nos equivocamos y luego miremos con imparcialidad si teníamos derecho a lo que exigíamos. A lo mejor no. No a todo, por lo menos.

Un primer paso en este examen sereno consiste, por supuesto, en saber quiénes nos defendieron en La Haya y cuánto le costó al país esa defensa que salió trasquilada en el tribunal. Datos oficiales que pedí y obtuve en la Cancillería permiten elaborar la siguiente tabla de abogados y honorarios entre el 2001 y el 2012:

Extranjeros:

Stephen M. Schwebel (estadounidense; expresidente de la CIJ): US$ 637.924 ( $ col: 1.141’882.000).
Prosper Weil (francés; experto en delimitación marítima): US$ 586.397 ($ col: 1.049’651.000).
Sir Arthur Watts (internacionalista inglés): US$ 527.466 ($ col: 944’164.000).
Robert Smith (geógrafo): US$ 36.209 ($ col: 64’812.000).
International Mapping Nicaragua: US$ 686.850 ($ col: 1.229’461.000).
James Crawford (jurista australiano): US$ 490.782 ($ col: 878’500.000).
Marcelo Cohen (jurista suizo-argentino): US$ 300.461 ($ col: 537’825.000).
Rodman Bundy (internacionalista; EE. UU): US$ 707.677 ($ col: 1.266’742).

Colombianos

Eduardo Valencia Ospina: US$ 531.508 ($ col: 951’398.000).
Luis I. Sánchez Rodríguez: euros 9.000 ($ col: 21’330.000)
César Francisco Moyano: $ col: 20’000.000.
Ricardo Vargas Taylor: $ col: 5’000.000.
Patricia Elvira Quiroz: $ col: 2’500.000.
Franz Dieter Hensel: $ col: 3’125.000
Germán Cavelier: $ col: 8’900.823.
Álvaro Tirado Mejía: $ col: 23’200.000.
Rafael Nieto Navia: $ col: 8’000.000
Enrique Gaviria Liévano: $ col: 44’000.000
Andelfo García González; $ col: 163’983.333
Guillermo Fernández de Soto (excanciller): $ col: 69’600.000
Julio Londoño Paredes (funcionario; no cobró).

En total, defender el caso colombiano en la CIJ costó casi $ 8.500 millones.