Por:
Diana Carolina Durán Núñez
El
Espectador revela detalles de informes de inteligencia en esa región, donde la
etnoeducación, el inglés creole o la religión protestante han sido considerados
amenazas a la soberanía nacional.
Cuando se conoció el
fallo de La Haya, un buen número de sanandresanos pidió que no se acatara. /
Archivo
En estas últimas semanas se ha puesto de moda hablar de los
“derechos de los raizales”. Esa es, al fin y al cabo, la defensa principal que
la canciller María Ángela Holguín esgrimirá ante la comunidad internacional
para explicar por qué el fallo de La Haya, según el Gobierno colombiano, no
imparte en realidad justicia y, al cederle mar colombiano a Nicaragua, afecta a
una comunidad que ha vivido en ese territorio por siglos. El Gobierno hoy
insiste en la necesidad de defender a ultranza el patrimonio cultural y
ecológico de los sanandresanos.
Sin embargo, varios documentos de inteligencia elaborados por el
DAS entre 2001 y 2004 dejan ver que durante los últimos 30 años, para el Estado
colombiano la defensa de los derechos raizales ha presentado más bien una
amenaza contra la soberanía nacional. Esos informes, conocidos por este diario,
revelan que para el liquidado organismo de seguridad, aspectos como la religión
protestante —que en esa región predomina—, el inglés creole o la etnoeducación
eran, de hecho, vínculos para conseguir que la isla se independizara de
Colombia.
De acuerdo con los informes de la que fuera policía secreta
oficial, el Estado colombiano llevaba más de 30 años “neutralizando” amenazas
sobre San Andrés y Providencia, región en la cual se han utilizado razones
objetivas como el desempleo y la falta de servicios públicos para fomentar el
discurso “antipatriota”. Se habla de controlar la educación para que los niños
no sean manipulados, y hasta de conseguir que sea la religión católica la que
predomine, con el fin de disminuir la “influencia radical” del protestantismo.
El plan secreto
Según el DAS, en 1978 el Gobierno elaboró un documento guía para
ejercer soberanía sobre San Andrés con el que se buscaba contrarrestar las
supuestas estrategias separatistas del movimiento raizal. Esto quiere decir que
el Estado lleva casi 35 años monitoreando qué pasa en un territorio que por
décadas ha sido piedra de disputa diplomática con Nicaragua. De acuerdo con el
reporte conocido por El Espectador, el grupo radical denominado ‘Sons of the
soil’ (SOS) obtuvo la hoja de ruta del Gobierno y publicó en 1987 un documento
para dejar en evidencia al Estado. El informe del Gobierno se llamaba “Plan
secreto de los líderes raizales radicales para la toma del poder en el
archipiélago de San Andrés”.
¿Sobrepoblación?
El reporte del DAS sostiene que el movimiento raizal buscaba que
las acciones del Gobierno se entendieran desde la perspectiva del “Estado
opresor”. Para poner la balanza a su favor, en el documento de inteligencia de
1978 se planteaba la necesidad de aumentar la presencia de población del
territorio continental. La contraestrategia de los raizales consistió en
convertir esa presencia mayoritaria de población continental en un problema de
sobrepoblación que incidía en el medio ambiente. Según el organismo, los
separatistas ‘ganaron’ cuando se volvió ley que los colombianos continentales
no podían quedarse en la isla. “Eso es absurdo. En 2.600 hectáreas de San Andrés
viven más de 100 mil personas. La problemática sí existe y las normas fueron
aprobadas para darles solución”, le dijo a este diario Julio Gallardo,
representante a la Cámara por ese departamento.
Etnoeducación
En un momento se planteó la necesidad de integrar a los raizales
como miembros de la religión católica para neutralizar la influencia de la
supuesta ideología radical del protestantismo (religión predominante en la
isla). Así lo percibía el Estado colombiano al menos desde 1978. En contraste,
los raizales, al decir del DAS, no promovían la cultura colombiana en la
educación de las islas y buscaban implantar un programa de etnoeducación, en el
que “el colombiano continental no tendría cabida”. De acuerdo con el organismo
de seguridad, esta forma de educación estaba controlada por raizales radicales
que buscaban “manipular al nativo desde la infancia para consolidar sus
pretensiones separatistas”.
Tensión cultural
La difusión del patois o creole (inglés caribeño) en la isla se
entendió en su momento como un mecanismo que podría amenazar la identidad
colombiana en San Andrés. Por eso, se sugería eliminar las transmisiones
radiales en inglés. Los raizales, en contraste, fomentaron aún más el inglés
creole y, según el DAS, ganaron la batalla cuando la ley nacional de educación
estableció como obligatoria la educación bilingüe en la isla. En el
planteamiento de 1978 que cita el DAS se pretendió homogeneizar a la población
e institucionalizar valores colombianos. La lucha de los raizales se concentró
en reivindicar su idiosincrasia que, según el organismo de inteligencia, estaba
dividida entre proingleses y proamericanos. Según el DAS, los nativos del
archipiélago “históricamente han carecido de una verdadera identidad cultural”.
La pelea con Nicaragua
La pugna limítrofe entre Nicaragua y Colombia también fue objeto
de los reportes del DAS. Según el documento, el gobierno de Nicaragua estaba
dispuesto a brindar su apoyo al movimiento raizal para lograr su objetivo
separatista. En otro reporte de diciembre de 2004 se lee que agentes del DAS se
desplazaron a la isla “para impedir el trabajo desinformativo e ideológico del
Colectivo de Abogados José Alvear”, que, según el organismo, tenía la intención
de interferir a través de los raizales en el litigio que recientemente falló la
Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde Colombia perdió cerca de
75.000 kilómetros cuadrados de mar. Por eso el DAS pidió en 2004 establecer los
asesores de la comunidad raizal, su forma de financiación y la legalidad de su
permanencia en la isla, así como sacar a toda costa a los abogados del
Colectivo.
¿Planes secretos de EE.UU.?
El DAS pidió determinar los posibles intereses geoestratégicos
de Estados Unidos sobre las islas, “ya que el incremento y afianzamiento de la colonia
americana en San Andrés puede obedecer a un plan para conseguir el poder
económico fortalecido con el poder militar que actualmente ejerce esta nación”.
Al mismo tiempo, el reporte del DAS señala que se ha conocido de la
intervención e influencia de miembros de comunidades religiosas norteamericanas
dentro del conflicto de San Andrés para afianzar pretensiones separatistas.
Líderes raizales ‘fichados’
En un reporte de noviembre de 2004 el DAS consignó que de “la
degradación social, política y económica del archipiélago” han sido
protagonistas los raizales como promotores “del caos”. Aunque el DAS reconoce
que existen “condiciones objetivas de la protesta” como la pobreza o la falta
de servicios públicos básicos, los líderes raizales manipulaban las masas y
fundamentaban el odio hacia el Estado colombiano. El DAS identificó a cuatro
líderes raizales que abanderándose de sofismas de abandono estatal buscaban
“protagonismo internacional”. Según el DAS, estas cuatro personas generaban
sentimientos “antipatrióticos y separatistas”, aun cuando algunos eran
reconocidos internacionalmente como defensores de los derechos de las
negritudes. En el listado aparecen un pastor, un ortopedista, un comerciante y
un profesor.
Las recomendaciones del DAS al Gobierno
Se sugirió la integración cultural con el territorio continental
colombiano mediante la influencia de las emisoras y de la televisión nacional
“así su operación no (fuera) rentable”, para fortalecer el “patriotismo”.
También se recomendó trazar políticas, para convertir a San Andrés en epicentro
exportador, y que el Gobierno promoviera políticas, para mejorar la convivencia
con las etnias, con el fin de que los raizales se integraran a la idiosincrasia
nacional, “como se ha hecho hasta ahora, como por ejemplo, con el vallenato y
la champeta”.
El informe de inteligencia del DAS proponía también que “la
permanencia de los colombianos continentales residentes en el archipiélago debe
ser una política de estado”, para proteger la soberanía, y que la educación
impartida en las islas debía ser monopolio estatal, para impedir que líderes
religiosos manipularan “la formación de nuevas generaciones de nativos desde su
etapa más vulnerable: la niñez”.
El ‘imperio jamaiquino’ por el Caribe
En los documentos hallados por la justicia aparece una
referencia a Jamaica en relación con San Andrés. Según el DAS, históricamente
este país ha sido un precursor de la unificación de todo el Caribe,
proclamándose este país como epicentro político de las islas unificadas. Por
eso, el DAS concluyó que había posibilidad de que agentes desestabilizadores
jamaiquinos estuvieran en el archipiélago dedicados a impulsar y generar
conflicto entre la comunidad raizal y el Gobierno, para fortalecer las bases de
lo que sería una eventual independencia de Colombia.
“Otra
parte fundamental de la estratagema del Gobierno jamaiquino está en la
manipulación de tres aspectos predominantes, como son el idioma patois o inglés
caribeño, la raza afrocaribeña y las creencias religiosas protestantes,
adventista y bautista. Jamaica hoy, como hace 30 años, pretende consolidar su
hegemonía política en toda esta región”, se concluyó entonces en el reporte del
organismo de inteligencia.
