SANTOS EN ALOCUCION
Colombia presenta su
Estrategia Integral frente al fallo de La Haya
Repito la decisión que
he adoptado: sin un tratado el fallo de la Corte Internacional de Justicia NO
ES APLICABLE.Como Jefe de Estado defenderé esta posición en las instancias nacionales e
internacionales que corresponda.
Sumario
Contenido de la
página
1. Decidimos que el fallo no es aplicable sin un
tratado.
2.
Consolidamos nuestro archipiélago a través de la declaración de una Zona
Contigua Integral.
3.
Avanzamos en la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower.
4.
Frenamos las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos
plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta
Cartagena.
Bogotá,
9 sep (SIG). La siguiente es la
Alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre la
Estrategia Integral de Colombia frente al Fallo de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya:
"Colombianos:
Todos los habitantes de
nuestro país seguimos indignados por el fallo de la Corte Internacional de
Justicia.
A nuestro gobierno –que
heredó el manejo de un proceso que llevaba más de una década– le correspondió
recibir el fallo y tomar las medidas para enfrentar la situación que generó.
Y lo hicimos desde el
primer momento, con varias acciones.
Diseñamos y pusimos en
marcha un ambicioso plan de inversiones en beneficio de los sanandresanos, con
programas en materia de salud, de educación, de vivienda, de tecnología, de
infraestructura, de energía, y fortalecimos la protección y el apoyo a la
comunidad pesquera.
Estas inversiones –que
decidimos en conjunto con los isleños, atendiendo sus prioridades– más que
duplican la inversión anual histórica en este departamento. Ya son una realidad
y se vienen ejecutando a buen ritmo.
El objetivo es hacer del
Archipiélago una región sostenible que brinde oportunidades de desarrollo a su
población.
También denunciamos el
Pacto de Bogotá, es decir, nos retiramos de este tratado que reconoce la
jurisdicción de la Corte de la Haya.
Y nos hemos dedicado,
con toda aplicación, a desarrollar una estrategia jurídica y política para
reforzar y consolidar los derechos de los colombianos sobre el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Para ello hemos contado
con el apoyo de reconocidos abogados nacionales y extranjeros, y hemos evaluado
y sopesado las distintas opiniones, los diferentes conceptos y tesis, que nos
sirvieron para diseñar una ESTRATEGIA INTEGRAL.
Hoy quiero contarles en
qué consiste esta estrategia.
En PRIMER LUGAR –y
después de analizar los estudios y conceptos jurídicos–, me ratifico en lo que
dije la misma tarde en que se produjo el fallo.
A mí me eligieron para
defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia.
Ese fue mi juramento al
que no puedo ni voy a faltar.
Dentro de mis deberes
constitucionales está proteger y garantizar los derechos de los colombianos,
defender nuestras fronteras y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con
otros Estados.
El artículo 101 de
nuestra Carta dice que "los
límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán
modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente
ratificados por el Presidente de la República".
La Corte Constitucional,
por su parte, ha dicho claramente que estos tratados –es decir, los que se
refieren a las fronteras y límites de Colombia– deben ser siempre aprobados por
el Congreso.
Como Presidente tengo la
obligación de respetar este mandato de nuestra Constitución y lo que ha dicho
la Corte Constitucional.
Por eso, mi posición es
clara y firme:
El fallo de la Corte
Internacional de Justicia no es aplicable –no es y no será aplicable– hasta
tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos,
tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra
Constitución.
En este orden de ideas,
el Gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte
Constitucional. ¿Para qué?
Para que reafirme la
tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados
automáticamente por un fallo de la Corte de la Haya.
Paso a la SEGUNDA
DECISIÓN.
Hoy he expedido un muy
importante decreto cuyo alcance quiero explicarles.
Tanto el derecho
nacional como el derecho internacional les reconocen a todas nuestras islas
unas áreas marítimas fundamentales: el mar territorial y la zona contigua.
Esas áreas no pueden ser
desconocidas, ni vamos a permitir que esto ocurra.
Por eso, con base en las
leyes colombianas y teniendo en cuenta principios claros de derecho
internacional, por medio de este decreto establecemos los derechos de
jurisdicción y control que nos reconoce el derecho internacional sobre dichas
zonas.
Y declaramos la
existencia de una Zona Contigua Integral, a través de la cual unimos las zonas
contiguas de todas nuestras islas y cayos en el mar Caribe Occidental.
En esta zona vamos a
seguir ejerciendo plena jurisdicción y control.
Esta área integral
permite que continuemos administrando adecuadamente el Archipiélago y sus aguas
aledañas –como archipiélago y no como territorios inconexos–, controlando la
seguridad en la zona y protegiendo nuestros recursos y nuestro ambiente.
La Zona Contigua
Integral que hemos declarado cubre los espacios marinos que se extienden desde
el sur –donde están los cayos de Albuquerque y las islas Este-Sudeste– hasta el
norte –donde está el cayo de Serranilla–.
E incluye, por supuesto,
las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Quitasueño, Serrana y
Roncador, y las demás formaciones en el área.
Estas islas, islotes y
cayos los conozco y los he recorrido, no sólo cuando fui ministro de Defensa,
sino desde hace 45 años, cuando fui cadete naval y patrullé sus aguas a bordo
de la fragata ARC Antioquia.
Por eso hoy quiero
asegurarles a los colombianos: Lo que vigilé como marino y lo que defendí como
ministro lo voy a proteger, hasta las últimas consecuencias, como presidente.
Vamos a ejercer
jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que
ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en
materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre
otros aspectos.
Esto implica que nuestro
país puede estar tranquilo de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina es y seguirá siendo un archipiélago completo e integrado, con
una presencia activa del Estado en todos sus territorios marítimos.
Una TERCERA DECISIÓN es
la de acudir a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la
protección de la Reserva Seaflower en la que nuestros pescadores han adelantado
labores de pesca desde hace siglos.
Somos conscientes del
gran valor ecológico para el Archipiélago y para el mundo de esta área que fue
declarada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera.
Nicaragua pretendió que
la Unesco le reconociera mayores derechos sobre la Reserva. Colombia se opuso.
Celebramos el reciente
pronunciamiento de este organismo en el sentido de que no le corresponde
intervenir en desacuerdos entre naciones, en contra de lo que había pedido
Nicaragua.
En el plano interno, he
impartido instrucciones para que avancemos, con toda determinación, en las
labores de protección ambiental y social, con el fin de prevenir cualquier
afectación o daño a nuestros pescadores y a las aguas vecinas al Archipiélago.
Y hay un CUARTO FRENTE
de acción –de veras importante y trascendental– sobre el cual también estamos
obrando para contener el expansionismo de Nicaragua en el Caribe.
Sabemos que ese país
piensa pedir a la Corte Internacional de Justicia que le reconozca una
plataforma continental extendida al oriente del Archipiélago de San Andrés –tal
como ya lo hizo durante el proceso que llevó al fallo–.
Esta pretensión buscaría
privarnos de recursos que son nuestros y es tan absurda que extendería la
jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan sólo unas 100 millas de la costa
de Cartagena.
Esto es completamente
inaceptable y –quiero que quede absolutamente claro– ¡no lo vamos a permitir de
ninguna manera, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia!
Colombia está
enfrentando, y va a enfrentar, esas pretensiones expansionistas con toda la
determinación y el rigor que se requieren.
Y no estamos solos en
esta decisión.
Junto con otros países
vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones
expansionistas –como son Panamá, Costa Rica y Jamaica– suscribiremos una carta
de protesta que entregaré este mismo mes, personalmente, al Secretario General
de Naciones Unidas en Nueva York, cuando intervenga en su Asamblea General.
De hecho –y esto hay que
recordarlo–, el fallo de La Haya desconoce por completo los tratados de límites
que tenemos vigentes con estos países, los cuales estamos obligados a cumplir.
Ese es otro motivo que
NO nos permite aplicarlo y que nos obliga a acudir a las vías diplomáticas.
De nuestra parte, los
colombianos pueden estar seguros de que nos vamos a oponer decididamente a las
pretensiones expansionistas de Nicaragua ante cualquier instancia
internacional, con argumentos técnicos y jurídicos muy sólidos que están listos
desde hace tiempo, los cuales, como ustedes comprenderán, no puedo revelar.
Y no tengo la menor
duda, ¡la menor duda!, de que seremos exitosos en ese esfuerzo.
En el decreto que hoy
expedimos, también estamos reafirmando jurídicamente que la plataforma
continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas
náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la
costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia San
Andrés en al menos 200 millas
Esto hace que tengamos
una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta
Cartagena sobre la cual Colombia tiene y ejercerá los derechos soberanos que
nos otorga el derecho internacional.
Así –de forma clara,
tajante y contundente– cerramos la puerta a los ánimos expansionistas de
Nicaragua.
Todas las medidas que
hemos tomado, y las que estoy anunciando, forman parte de esa estrategia
integral, cuidadosamente diseñada, para defender los intereses de Colombia.
En desarrollo, entonces,
de dicha estrategia hoy hemos dado cuatro pasos fundamentales, que podemos
resumir así:
Primero: decidimos que
el fallo no es aplicable sin un tratado.
Segundo: consolidamos
nuestro archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral.
Tercero: avanzamos en la
protección ambiental y social de la Reserva Seaflower.
Y cuarto: frenamos las
ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas
continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena.
Aparte de estas cuatro
medidas –por supuesto– nos reservamos el derecho de hacer uso de los recursos
que existen ante la Corte Internacional de Justicia, y de tomar otras acciones.
Ninguna de estas
decisiones impide –porque somos también responsables frente a la paz y la
seguridad en el Caribe– que quienes pescan en el área puedan seguir haciéndolo
como medio de subsistencia para ellos y sus familias.
Compatriotas:
Pueden estar seguros de
que –como Presidente y como colombiano– seguiré protegiendo nuestros derechos.
Seguiré protegiendo
nuestra soberanía, nuestras islas y nuestros mares –y hasta el último
centímetro del territorio nacional– sin desmayar un solo minuto.
Y seguiré cumpliendo
fielmente con nuestra Constitución –tal como lo juré ante Dios y lo juré ante
ustedes– con todo el compromiso, con todo el esfuerzo, con toda la
contundencia.
